El oficialismo cerrará este miércoles un despacho que unifica el proyecto del Ejecutivo con propuestas de la UCR y el PRO. La iniciativa, clave en el esquema de seguridad de Martín Llaryora, contempla desde la intervención administrativa de búnkeres de drogas hasta su demolición judicial y posterior reutilización comunitaria.
En lo que constituirá la última sesión antes del inicio del receso invernal, la Legislatura de Córdoba se prepara para debatir y sancionar la Ley Antibúnker, una de las herramientas jurídicas y operativas más relevantes impulsadas por la administración del gobernador Martín Llaryora para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El tratamiento en el recinto llegará precedido por una intensa negociación en comisiones que derivó en la redacción de un despacho de consenso, modificando sustancialmente el diseño del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.
La Comisión de Seguridad, coordinada por el oficialista Juan Manuel Llamosas, compatibilizó la iniciativa del Panal con dos proyectos preexistentes en el ámbito parlamentario: uno autoría del legislador radical Oscar Saliba y otro presentado por el jefe de la bancada del PRO, Oscar Agost Carreño. El texto definitivo sintetiza cerca del 90% de los aportes realizados por las fuerzas opositoras, un giro con el que el Partido Justicialista optó por priorizar el volumen político e institucional por sobre la imposición de su mayoría simple.
El andamiaje de la futura norma establece un protocolo de actuación sobre bienes muebles e inmuebles identificados como riesgosos para la seguridad pública o tipificados como guaridas, aguantaderos o búnkeres de estupefacientes. El esquema faculta al Estado provincial a realizar intervenciones de carácter administrativo preventivo, reservando la instancia de demolición de las estructuras edilicias exclusivamente a una orden emanada por el Poder Judicial.
Los cambios acordados y las disidencias internas
La incorporación de las propuestas del PRO y la Unión Cívica Radical modificó el paradigma del proyecto oficial, sumando mayores garantías procesales y un fuerte criterio de ordenamiento territorial. El entorno de Agost Carreño valoró la inclusión de herramientas de planificación estratégica, la optimización del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, la implementación de reportes periódicos de control que serán girados a la Legislatura y la salvaguarda de los derechos de terceros de buena fe.
Asimismo, la normativa contempla una política de reutilización social: los inmuebles recuperados de las bandas criminales deberán ser reacondicionados para cumplir una función lícita, comunitaria y socialmente útil.
Pese al clima de diálogo, persisten marcadas discrepancias en los sectores más duros del radicalismo respecto al organigrama de aplicación:
- Postura de la UCR (Saliba): Pretendía que la conducción total del régimen estuviera concentrada bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal para garantizar la independencia del proceso.
- Esquema aprobado (PJ): Sostiene como autoridades principales de aplicación a los ministerios de Seguridad y de Justicia, complementados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y una nueva Unidad Interagencial dependiente de la Gobernación. Esta centralización en el Ejecutivo es criticada por los «halcones» de la UCR, quienes cuestionan el margen de discrecionalidad que conservará el poder político.
Cierre de bloque y el rol del juecismo
Tras las reuniones técnicas de las que participó el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, la Comisión de Seguridad le dará el cierre formal al despacho este miércoles por la mañana. Con el acompañamiento garantizado del PRO y de una porción mayoritaria de la UCR, la principal incógnita de la jornada radica en el posicionamiento que adoptará el bloque del Frente Cívico.
Si bien desde el juecismo adelantaron su apoyo a cualquier normativa que fortalezca el combate contra el narcotráfico, en los despachos oficialistas prevén que el espacio liderado por Luis Juez aproveche los minutos en el recinto para profundizar el contraataque discursivo contra los planes de seguridad vigentes en la provincia. Más allá de la pirotecnia verbal, el oficialismo logrará exhibir una ley con blindaje jurídico ante futuras impugnaciones y con una fisonomía de construcción multipartidaria.
