En vísperas del debate decisivo en el Congreso de la Nación, el gobernador de Córdoba instó a los representantes de la provincia a votar en defensa de las prestaciones del sector. Destacó que el Ejecutivo provincial invierte más de $200.000 millones y advirtió que las provincias no pueden absorber el desfinanciamiento del Estado nacional.
En el marco de la escalada de negociaciones en la Cámara de Diputados por el financiamiento del sistema de asistencia, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, apeló de manera directa a los legisladores nacionales que representan a la provincia para que defiendan las partidas presupuestarias destinadas a las personas con discapacidad y a sus familias. El pronunciamiento del mandatario provincial fue formulado con un claro pedido de transversalidad, instando a los representantes cordobeses a unificar posturas en el recinto parlamentario “sin distinción de banderas políticas”.
El reclamo de Llaryora se produce en momentos de fuerte tensión entre el Palacio del Panal y el Poder Ejecutivo Nacional por la discusión del Presupuesto 2027 y la continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Durante su intervención, el Gobernador ratificó que la contención e inclusión del sector constituye una política de Estado prioritaria para su gestión, respaldada por un presupuesto provincial anual que supera los $200.000 millones destinados al sostenimiento de programas de asistencia, infraestructura de salud y articulación con más de 300 organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales.
El mandatario cordobés advirtió de forma crítica sobre el impacto económico directo que genera la retracción del Gobierno nacional sobre los hogares particulares. Llaryora remarcó que miles de familias en la provincia se encuentran atravesando situaciones financieras extremas y endeudamiento para dar continuidad a las prestaciones terapéuticas y médicas de sus familiares, escenario que resulta insostenible de compensar exclusivamente con recursos municipales o provinciales si la Nación no garantiza las transferencias correspondientes.
«Gobernar es establecer prioridades y, para Córdoba, las personas con discapacidad forman parte de ellas; necesitamos que hoy también lo sea para la Nación», aseveró el jefe del Ejecutivo cordobés. El mensaje del mandatario busca fijar la postura política de la bancada de Provincias Unidas en el Congreso, presionando por la sanción de una norma que garantice fondos homogéneos, la actualización mensual del Nomenclador universal por inflación y la plena continuidad de las prestaciones en todo el territorio nacional.
