El dirigente radical presentó su dimisión indeclinable ante el organismo de control de Córdoba. La decisión se precipitó tras los allanamientos a sus despachos, la imputación de la Justicia Federal y la fuerte presión de los bloques legislativos que exigían su inmediato apartamiento.
El sismo político provocado por la investigación de corrupción en el PAMI se cobró su primera cabeza institucional de peso en la provincia. Marcos Carasso, ex-presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y ex-candidato a vicegobernador de Luis Juez, presentó este miércoles su renuncia con efecto inmediato al cargo que desempeñaba dentro del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, acorralado por la imputación penal por presunta asociación ilícita y defraudación al Estado nacional.
La dimisión del dirigente fue formalizada mediante una nota oficial dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas, el juecista Beltrán Corvalán. En el escrito, Carasso declinó formalmente a sus funciones como Director de Jurisdicción No Permanente, un puesto clave dentro del organismo encargado de auditar los gastos de la administración pública provincial. La salida se concretó apenas unas horas después de que la Justicia Federal de Río Cuarto ordenara un fuerte operativo que incluyó el allanamiento de su vivienda particular en General Cabrera y la requisa de los despachos que el dirigente ocupaba en el propio edificio de la Capital cordobesa.
La renuncia se precipitó ante la inminente pérdida de sustentabilidad política en el plano legislativo. Bloques de la oposición parlamentaria, encabezados por la legisladora Karina Bruno (bloque Córdoba), habían ingresado un requerimiento formal exigiendo el apartamiento preventivo de Carasso de cualquier función de contralor público. Las bancadas opositoras argumentaban la total incompatibilidad de que un funcionario imputado por una estafa de 1.400 millones de pesos contra la obra social de los jubilados continuara auditando los números y fondos de la provincia.
El alejamiento voluntario de Carasso representa un duro golpe político para el esquema del senador Luis Juez, ya que el Tribunal de Cuentas era la principal trinchera institucional desde la cual el juecismo presionaba y auditaba a la gestión del gobernador Martín Llaryora. El peronismo, a través del jefe de bloque Facundo Torres, ratificó que mantendrá firme el pedido de informes aprobado en la Unicameral, buscando obligar a todo el arco de Juntos por el Cambio a dar explicaciones públicas sobre los criterios de idoneidad aplicados para nombrar al ahora exfuncionario imputado.
