La Justicia de Córdoba ya imputó a 22 personas tras detectar más de 30 carnés otorgados de forma ilegal. Empleados de alta jerarquía municipal salteaban los exámenes teóricos, prácticos y médicos oficiales. Hay dos detenidos.
Un grave entramado de corrupción institucional sacude a la Municipalidad de Córdoba. El fiscal de instrucción de la Capital, Ernesto de Aragón, encabeza una investigación penal que logró desarticular el funcionamiento de una presunta «oficina paralela» dedicada a la confección y entrega fraudulenta de licencias de conducir en el Centro de Participación Comunal (CPC) de barrio Jardín. Hasta el momento, el expediente cuenta con 22 personas imputadas, entre las cuales se encuentran ocho empleados y funcionarios de la planta municipal, dos de ellos actualmente detenidos.
La investigación judicial, que se originó por una denuncia administrativa interna de las propias autoridades del Palacio 6 de Julio, demandó varios meses de tareas de inteligencia y allanamientos simultáneos. Tras el secuestro y posterior peritaje de más de un centenar de legajos oficiales, la fiscalía ya logró acreditar fehacientemente al menos 30 casos de expedición irregular de carnés. Las maniobras consistían en saltear de punta a punta los requisitos obligatorios previstos por la ley: los ciudadanos obtenían plásticos con validez legal plena para circular, pero sin haber pisado jamás una pista de pruebas, sin rendir el examen teórico y eludiendo los controles psicofísicos obligatorios.
El modus operandi detectado expone una aceitada red de contactos informales. Los beneficiarios se comunicaban de manera directa y particular con los empleados implicados, quienes utilizaban sus claves y sistemas informáticos oficiales para imprimir los documentos legítimos evadiendo los box de control. Por el momento, la fiscalía imputó a los sospechosos por los delitos de falsedad ideológica y abuso de autoridad. Se descartó provisoriamente la figura de asociación ilícita al comprobarse que no existía una banda rígidamente estructurada, sino una suerte de «clientelismo individualizado» donde los empleados operaban por su cuenta, aunque comunicándose entre sí de forma esporádica.
El dato más llamativo del expediente radica en el método de contraprestación. De acuerdo con las pruebas recolectadas, los empleados municipales no exigían tarifas fijas de dinero en efectivo por el trámite ilegal, sino que gestionaban las licencias falsas a cambio de «favores» personales o regalos que los conductores les acercaban a las oficinas a modo de agradecimiento posterior.
La causa mantiene tras las rejas a dos funcionarios jerárquicos del CPC debido a que su posición de poder dentro de la estructura administrativa del centro vecinal representaba un peligro inminente de entorpecimiento y destrucción de pruebas. Los investigadores confirmaron además que se analizan posibles nexos entre esta banda y la resonante «causa Barrelier», otra investigación paralela que indaga en la presunta protección e intercambio de favores ilegales entre agentes municipales de distintas áreas operativas de la capital.
