El cardenal Ángel Rossi designó a un nuevo administrador parroquial y a un representante legal en el colegio «Niño Dios». La decisión institucional llega tras el apartamiento del cura Alejandro Nicola y el reclamo desesperado de las familias, que denuncian cinco casos de vulneración de menores y parálisis judicial.
El Arzobispado de Córdoba intervino de manera directa en la conducción de la comunidad educativa y religiosa de Villa Carlos Paz, en un intento por contener la profunda crisis institucional desatada por denuncias de abuso sexual infantil. A través de una resolución firmada por el cardenal Ángel Rossi, la Iglesia local dispuso el nombramiento del laico Guillermo Buitrago como el nuevo representante legal del Jardín de Infantes «Niño Dios». La asunción se produjo tras aceptarse la renuncia indeclinable de las anteriores autoridades del colegio católico.
En paralelo, la máxima autoridad eclesiástica determinó un cambio absoluto en el plano pastoral de la institución. El presbítero Pablo Nassif, quien se desempeña actualmente como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, asumirá de manera inmediata el rol de administrador de la Parroquia Niño Dios. Esta designación busca llenar el vacío administrativo y espiritual generado tras el cese preventivo de las funciones del párroco Alejandro Nicola, el sacerdote severamente señalado por los padres de la comunidad educativa y que hace dos semanas formalizó su alejamiento de toda actividad dentro del establecimiento escolar.
A través de un comunicado oficial, el cardenal Rossi se encargó de aclarar que el apartamiento preventivo de Nicola responde estrictamente a «razones de índole pastoral» y remarcó que la medida «no implica un adelanto de opinión acerca de los hechos que la Justicia penal investiga». Desde la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC) ratificaron que el cuidado de las infancias es una «prioridad absoluta» y que ya se dio intervención a la Oficina de Prevención de Abusos y Cuidado de Víctimas para activar protocolos internos de contención.
El conflicto judicial que motivó la drástica reestructuración eclesiástica se remonta a mayo del año pasado, momento en que la madre de una alumna radicó la primera denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción N° 3 de Villa Carlos Paz, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez. Con el correr de los meses, la causa acumuló un total de cinco presentaciones judiciales por presuntos abusos contra la integridad sexual de niños y niñas de las salas iniciales, expedientes que acaban de ser unificados en una sola investigación por disposición de la Fiscalía General de la Provincia.
Durante el último año, las familias damnificadas encabezaron sucesivas marchas, escraches públicos y manifestaciones frente al colegio para repudiar la falta de imputaciones formales, denunciar alarmantes demoras en las pericias psicológicas de los menores y exigir el apartamiento definitivo de las autoridades eclesiásticas sospechadas de encubrimiento institucional.
