Gremios y colegios profesionales de Córdoba se declararon en estado de alerta ante el vencimiento de los contratos de residencias este 30 de junio. Advierten que la desvinculación de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas desmantelará los equipos de asistencia en medio de la conmoción social por el femicidio de Agostina Vega.
El sistema de asistencia y contención para víctimas de violencia de género en la provincia de Córdoba se encuentra atravesando una profunda crisis institucional. Trabajadoras del Polo de la Mujer, nucleadas en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y con el respaldo institucional del Colegio de Psicólogos y el Colegio de Profesionales en Trabajo Social, denunciaron públicamente una situación de «precarización laboral extrema» y la falta de presupuesto real para el sostenimiento de las políticas públicas de prevención y abordaje territorial.
El foco del conflicto radica en el vencimiento programado para este próximo martes 30 de junio de decenas de contratos bajo la modalidad de «residencias» profesionales. Se trata de los puestos ocupados por trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas que conforman la primera línea de recepción, acompañamiento y asesoramiento legal de mujeres, niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Desde los colectivos gremiales apuntaron contra la secretaria de la Mujer de la provincia, Claudia Martínez, reprochándole un persistente silencio y la falta de voluntad política para abrir una mesa de diálogo que garantice la continuidad laboral de los equipos interdisciplinarios.
Las manifestantes sostuvieron que este escenario no representa un hecho aislado, sino que forma parte de una política sostenida de desfinanciamiento estatal. En ese sentido, trazaron un paralelismo directo con el reciente femicidio de la adolescente Agostina Vega, un crimen que, según indicaron, dejó al descubierto las severas falencias sistémicas y de articulación que arrastran tanto el Ministerio de Seguridad como el Poder Judicial cordobés por carecer de recursos técnicos y humanos idóneos.
El documento unificado difundido por las trabajadoras concluye advirtiendo que la desvinculación masiva del personal precarizado implicará un desmantelamiento fáctico de los dispositivos de urgencia del Polo de la Mujer, vulnerando de forma directa el derecho de las ciudadanas que acuden diariamente en busca de protección. Asimismo, remarcaron la contradicción gubernamental de responder con recortes de personal e incertidumbre laboral en un contexto donde la sociedad civil viene de movilizarse de forma masiva bajo la consigna de «Ni Una Menos» para exigir, precisamente, la ampliación de las partidas presupuestarias contra la violencia de género.
