El vocal opositor apuntó contra el pedido de suba del 7,3% solicitado por Aguas Cordobesas. Aseguró que la red está «detonada desde hace 20 años» en decenas de barrios y acusó al Gobierno provincial de usar su mayoría automática para convalidar el ajuste.
La inminente actualización tarifaria en los servicios públicos de la capital provincial reabrió una fuerte disputa política en el seno del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep). El vocal por la minoría opositora, Juan Negri, criticó duramente el nuevo pedido de incremento del 7,3% presentado por la concesionaria Aguas Cordobesas y adelantó que rechazará de forma orgánica la medida por considerar que se trata de una prestación «carísima y de muy mala calidad» que asfixia el bolsillo de los usuarios en pleno contexto de crisis económica.
El principal argumento del referente de la oposición se centró en la marcada asimetría entre el costo del servicio mensual y el estado real de la infraestructura hídrica en la ciudad. Negri cuestionó que la prestataria intente indexar sus ingresos de manera periódica sin acreditar un plan de contingencia o inversiones de magnitud estructural que pongan fin a los problemas crónicos de presión y suministro. «La red está detonada desde hace 20 años en cientos de barrios», disparó con dureza, señalando la falta de grandes obras recientes que justifiquen el sostenido encarecimiento de las boletas.
Otro de los ejes de conflicto planteados por el vocal radica en la composición interna de la facturación que llega a los hogares. Según un relevamiento técnico difundido por su espacio, casi la mitad del valor final que abonan los usuarios no guarda relación directa con el consumo de agua potable. «El 46 por ciento de lo que pagan los vecinos en la boleta del agua corresponde a impuestos», detalló Negri, apuntando al impacto encadenado del IVA, el impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas de contribución municipal que gravan el servicio básico.
De cara a la audiencia pública no vinculante programada para mediados de junio, el dirigente calificó la convocatoria como un «filtro administrativo» diseñado para desalentar el reclamo social, criticando la excesiva complejidad de los formularios digitales de inscripción exigidos a los ciudadanos.
Finalmente, Juan Negri deslindó de responsabilidades exclusivas a la empresa privada y trasladó la carga política directamente hacia el Centro Cívico. El vocal opositor afirmó que la resolución final se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo cordobés, señalando que el oficialismo cuenta con el control total de los expedientes regulatorios. «El único que está en condiciones de frenar este aumento es el Gobierno provincial, que tiene mayoría automática dentro del Ersep», concluyó, cuestionando además la matriz de financiamiento del propio ente, el cual percibe un porcentaje directo de las mismas tarifas que tiene la obligación de auditar.
