La iniciativa, debatida en el Congreso chileno bajo el nombre de “Protección Digital Infantil”, busca combatir la adicción compulsiva y proteger la salud mental de los jóvenes. Sigue la tendencia global impuesta por Australia, Indonesia y Malasia, y contempla multas millonarias para las plataformas que no verifiquen la edad.
El debate sobre el impacto de la tecnología en la salud mental de las nuevas generaciones sumó un hito legislativo en la región. El Congreso de Chile, a través de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputadas y Diputados, avanza decididamente en el tratamiento del proyecto de ley “Protección Digital Infantil”. La propuesta, impulsada por legisladores de un amplio arco político, busca restringir de forma drástica el acceso de los menores de edad a entornos digitales potencialmente adictivos y nocivos para su bienestar emocional.
La normativa chilena sigue una estricta tendencia internacional que se consolida a nivel global. El anuncio del Reino Unido —que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años a partir de 2027— se sumó a las leyes ya promulgadas en Australia, Indonesia y Malasia, sentando un precedente que ahora busca replicarse en Sudamérica. El texto argumenta la necesidad de intervenir de manera urgente para proteger la integridad psíquica y física de los adolescentes frente a conductas de adicción compulsiva y la exposición a algoritmos diseñados para retener su atención.
El proyecto de ley contempla un paquete integral de prohibiciones y restricciones segmentadas por franjas de edad:
- Menores de 16 años: Se les prohibirá por completo el acceso a redes sociales masivas como TikTok, Instagram, Facebook, X (antes Twitter), Threads, Snapchat, Reddit, YouTube, Twitch y Kick, incluso si cuentan con la autorización expresa de sus padres o tutores legales.
- Transmisiones en vivo: Los jóvenes de entre 16 y 18 años solo podrán ingresar a plataformas que emitan eventos en directo si disponen del consentimiento de sus progenitores.
- Apuestas, videojuegos y pornografía: Quedará estrictamente prohibido el acceso a menores de 18 años a portales de apuestas en línea y páginas de contenido sexual, así como a videojuegos catalogados como extremadamente violentos por los organismos de calificación oficiales.
La responsabilidad legal y operativa de controlar el cumplimiento de la norma recaerá exclusivamente sobre las grandes compañías tecnológicas. Las plataformas afectadas estarán obligadas a implementar sistemas fehacientes de verificación de edad y a desplegar alertas visibles sobre los riesgos del uso compulsivo. Las empresas que infrinjan la legislación se expondrán a multas que superan los $200 millones de pesos chilenos (unos 225 mil dólares), al tiempo que los padres quedarán facultados para iniciar acciones judiciales directas contra las firmas infractoras.
La experiencia internacional demuestra que el principal desafío radica en la fiscalización. En Australia, pionera en la materia con su ley de 2025, el control se realiza mediante escaneo facial asistido por inteligencia artificial y validación de documentos de identidad administrados por las corporaciones, sin penalizar a los usuarios. No obstante, las autoridades de esos países ya reportan focos de resistencia entre grupos de adolescentes que aducen vulneraciones a su libertad de expresión, recurriendo al uso de redes virtuales privadas (VPN) para burlar los bloqueos geográficos y de edad.
