La Corte Suprema brasileña dictó la sentencia por unanimidad en un régimen semiabierto. El exdiputado e hijo del expresidente, actualmente radicado en Estados Unidos, fue hallado culpable de coacción tras gestionar ante Donald Trump presiones económicas y diplomáticas para frenar la causa por golpismo contra su padre.
La máxima instancia judicial de Brasil asestó un revés jurídico definitivo a la familia del exmandatario. La Primera Sala del Tribunal Supremo Federal (STF) condenó de forma unánime al exdiputado Eduardo Bolsonaro a una pena de cuatro años y dos meses de prisión bajo el cargo de «coacción». De acuerdo con el fallo unánime de los cuatro magistrados de la sala, el hijo del líder de la extrema derecha brasileña utilizó sus influencias en Washington para promover sanciones comerciales y diplomáticas contra su propio país, buscando interferir en los procesos judiciales que terminaron con su padre en la cárcel.
La resolución judicial determina que la condena deberá ejecutarse inicialmente en un régimen semiabierto y le impone al dirigente una multa económica equivalente a 100 salarios mínimos (aproximadamente 31.700 dólares). Asimismo, el fallo de la alta corte estipula la inhabilitación política automática por el término de ocho años, consolidando el aislamiento institucional del exlegislador, quien ya había perdido su banca en la Cámara de Diputados en diciembre pasado debido a un exceso de inasistencias injustificadas a las sesiones parlamentarias.
El eje de la acusación, instruido por el juez Alexandre de Moraes, demostró que Eduardo Bolsonaro se instaló en Estados Unidos en febrero de 2025 con el propósito confeso de cabildear ante la administración de Donald Trump. El objetivo de esas gestiones bilaterales era forzar la imposición de aranceles comerciales a Brasil y congelar activos de los magistrados del STF y del Procurador General de la República, en un intento por coaccionar al sistema judicial y evitar que su padre, Jair Bolsonaro, fuera condenado a los 27 años de cárcel que actualmente purga por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
Durante la lectura del dictamen, el tribunal rechazó todos los recursos de nulidad y los argumentos de parcialidad presentados por la defensa oficial, la cual sostenía que el exdiputado simplemente había ejercido una «interlocución política» amparada por la libertad de expresión, sin recurrir a la violencia física. Para los jueces, la gravedad del hecho radicó en que las amenazas de Eduardo se materializaron efectivamente el año pasado, cuando la Casa Blanca aplicó restricciones y penalizaciones financieras a los jueces brasileños bajo el rótulo de «caza de brujas».
Dado que Eduardo Bolsonaro reside en territorio estadounidense desde el inicio del conflicto, el proceso se llevó a cabo en rebeldía. Aunque sus abogados defensores ya adelantaron que apelarán la medida ante el plenario del Tribunal Supremo para agotar las instancias recursivas, el fallo unánime marca un precedente histórico sobre los límites del lobby internacional y la soberanía judicial en el gigante sudamericano.
