El intendente Mario Rivarola expuso ante la Comisión de Turismo de Diputados tras el anuncio del Gobierno nacional de clausurar el complejo de turismo social. Con el aval del Centro Cívico, Córdoba propuso un esquema alternativo para reactivar los hoteles mediante contingentes permanentes de jubilados.
El conflicto por el anunciado cierre y vaciamiento de la Unidad Turística Embalse escaló de lleno a la escena política nacional. Tras la fuerte repercusión que generó el llanto público del intendente Mario Rivarola por la crisis sociolaboral en Calamuchita, el jefe comunal desembarcó en la Cámara de Diputados de la Nación. Ante la Comisión de Turismo, se presentó como el vocero de una estrategia transversal respaldada de forma directa por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, con el objetivo de frenar el cese total de actividades y el despido de la totalidad de la planta de trabajadores del complejo.
Dejando de lado las confrontaciones ideológicas, Rivarola planteó que la discusión no es partidaria sino de supervivencia económica regional: «La gente no quiere que le demos un bolsón de mercadería todos los meses. La gente necesita trabajo», sentenció. La exposición sirvió para consolidar un frente político amplio en defensa del turismo social —que sumó adhesiones de legisladoras cordobesas de distintas bancadas como Carolina Basualdo y Gabriela Estévez—, pero el dato central de la jornada fue la presentación de un plan de salvataje alternativo al esquema privatizador que proyecta la Casa Rosada.
La propuesta impulsada desde el «Panal» contempla un modelo de reconversión parcial del complejo para adecuarlo al actual contexto fiscal. La iniciativa apunta a que la Provincia o el Municipio administren uno o dos de los hoteles actualmente operativos mediante convenios específicos que permitan alojar contingentes de jubilados de manera permanente. Según los cálculos oficiales expuestos, el movimiento de grupos de aproximadamente 150 pasivos cada dos o tres días generaría el flujo financiero necesario para autosustentar el mantenimiento del predio y reactivar el empleo hotelero, gastronómico y comercial de la zona.
Para el gobierno de Córdoba, la defensa de Embalse dejó de ser un problema vecinal para transformarse en un nuevo e importante frente de disputa con la gestión de Javier Milei, sumándose a los reclamos por subsidios y transferencias de fondos. Mientras la Nación evalúa el predio como un patrimonio prescindible para ser concesionado o liquidado, el cordobesismo busca instalar una tercera vía productiva. El futuro del histórico motor económico de Calamuchita dependerá ahora de la permeabilidad del Ejecutivo nacional para abrir una instancia de negociación antes de que los candados en los hoteles se vuelvan definitivos.
