La ratificación del Pacto de Mayo en Tucumán expuso el pragmatismo de la Casa Rosada con los mandatarios provinciales de cara a 2027. Luis Juez teme un pacto de no agresión que beneficie al peronismo local, mientras que la diputada Carolina Basualdo se consolida como el nexo clave en el Congreso.
El mapa político nacional atraviesa una profunda recalibración tras la consolidación del esquema de gestión que comanda el presidente Javier Milei, apuntalado por el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete. La reciente postal institucional en Tucumán, donde la Casa Rosada reunió a 13 gobernadores para la firma del Pacto de Mayo, evidenció un marcado pragmatismo de cara a los desafíos electorales de 2027: priorizar la gobernabilidad y la reelección presidencial mediante acuerdos de convivencia mutua con los mandatarios provinciales, evitando intervenir de lleno en las disputas territoriales.
A pesar de que el gobernador Martín Llaryora no asistió de forma presencial por cumplir actividades oficiales en Río Cuarto, la provincia de Córdoba estuvo representada por la vicegobernadora Myrian Prunotto, cuya participación ratificó los canales de sintonía fina con el Ejecutivo nacional. En su discurso, Milei dedicó fuertes elogios a los mandatarios dialoguistas, agradeciendo su colaboración parlamentaria para los cambios estructurales. Este nuevo paradigma de conveniencia mutua desató una fuerte incertidumbre en los búnkeres opositores cordobeses, que temen quedar desamparados ante una eventual «zona de confort» concedida por Balcarce 50 al oficialismo del Centro Cívico.
El rol de Basualdo y los temores de Luis Juez
En el plano legislativo, la articulación entre las fuerzas libertarias y el cordobesismo cuenta con una terminal clave. Desde el núcleo duro de La Libertad Avanza señalan a la diputada nacional y exintendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, como el puente central y el nexo de diálogo permanente entre las necesidades de la Casa Rosada y el bloque que responde directamente a Llaryora para garantizar las leyes clave en la Cámara Baja. Aunque el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, descarta públicamente un «pacto subterráneo» y promete candidaturas propias en Córdoba, la praxis política expone una convivencia aceitada.
Ante esta ingeniería política, el senador Luis Juez no ocultó sus sospechas y denunció el fantasma de una «traición» del poder central. Desde el Frente Cívico alertan que no es la primera vez que los intereses de un gobierno nacional terminan confluyendo con las necesidades del PJ cordobés, aislando y debilitando a la oposición local. La mayor preocupación del juecismo se enfoca en la reforma política y en la sospecha de que un eventual entendimiento entre Milei y Llaryora termine materializándose formalmente en las urnas a través del polémico sistema de listas colectoras.
