El Gobierno de la Provincia subió la apuesta en el control de su planta política. A través de la Resolución N° 61, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se dispuso la suspensión inmediata del pago de haberes para todos aquellos funcionarios y agentes de jerarquía que no presenten el certificado negativo de sustancias psicoactivas. La medida, firmada por el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, reglamenta la Ley 10.954 de Seguridad Pública y busca garantizar la idoneidad y transparencia de quienes ocupan cargos de decisión.
La obligatoriedad de este examen —conocido popularmente como «narcotest»— no solo alcanza a los cargos electivos como el Gobernador, Vicegobernador y legisladores, sino que se extiende a ministros, secretarios, directores, subdirectores y asesores de todas las áreas. Según la normativa, las unidades de Recursos Humanos deberán informar quiénes han incumplido con la presentación anual; una vez reportados, la liquidación de sus salarios quedará congelada «sin perjuicio de los procedimientos administrativos» que correspondan a cada caso.
Además del aspecto salarial, la resolución establece un protocolo de salud. En caso de detectarse un resultado positivo, el Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, intervendrá para evaluar y determinar las acciones de contención y asistencia necesarias. Con esta decisión, el «Partido Cordobés» busca enviar una señal de rigor ético a la sociedad, marcando una diferencia con la política nacional y reafirmando el compromiso de que quienes gestionan la provincia deben estar libres de consumos ilegales.
