El exdirector de la UCR cordobesa y compañero de fórmula de Luis Juez en 2023 fue imputado por la Justicia Federal de Río Cuarto. Allanaron su vivienda y sus oficinas en el Tribunal de Cuentas en una causa por asociación ilícita y sobrefacturación en la obra social.
El escenario político de la provincia de Córdoba atraviesa horas de extrema ebullición. El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, dictó la imputación formal contra Marcos Carasso, exidiputado nacional, ex-presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) cordobesa y candidato a vicegobernador de Luis Juez en las elecciones provinciales de 2023. La resolución judicial se da en el marco de una investigación penal por presunta asociación ilícita y defraudación al Estado nacional a través de una multimillonaria sobrefacturación en las prestaciones médicas del PAMI, estimada en torno a los 1.400 millones de pesos.
La imputación se precipitó tras una serie de procedimientos ordenados por el magistrado federal, que incluyeron un allanamiento en el domicilio particular de Carasso en la localidad de General Cabrera —de la cual fue intendente— y otra requisa en los despachos que el dirigente ocupa en la ciudad de Córdoba dentro del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La pesquisa judicial apunta a determinar el grado de vinculación del dirigente radical, quien es licenciado en Kinesiología, con una firma de servicios médicos radicada en el sur provincial que operaba como proveedora de la obra social de los jubilados nacionales.
La noticia impactó de lleno en el corazón de la coalición opositora y desató pases de facturas inmediatos. Al ser consultado por la prensa local, el diputado nacional de la UCR Rodrigo de Loredo tomó distancia de forma drástica al señalar: «Por eso, pregúntenle a Juez», dejando al descubierto las viejas rispideces internas. En paralelo, el oficialismo provincial liderado por el gobernador Martín Llaryora activó un fuerte contraataque legislativo. El jefe del bloque peronista en la Unicameral, Facundo Torres, presentó un pedido de informes exigiendo explicaciones a la oposición y fustigó el «silencio de radio» del juecismo frente al caso, contrastándolo con el fuerte perfil punitivo que mostraron días atrás ante otros escándalos institucionales.
El caso reviste una enorme gravedad institucional debido al cargo actual de Carasso en el Tribunal de Cuentas, organismo clave encargado de fiscalizar los gastos del Ejecutivo y controlado operativamente por el Frente Cívico de Luis Juez. Desde el peronismo cordobés buscan capitalizar al máximo el costo político del expediente judicial, haciendo hincapié en que el propio senador nacional —quien mantiene discursos de tolerancia cero frente a la corrupción— fue quien impulsó a Carasso en el esquema estatal con contratos jerárquicos. Asimismo, el pedido de informes del peronismo sumó presión sobre el entorno íntimo de Juez al incluir solicitudes sobre Claudio Suchecki, cuñado del senador y habitual técnico de sus equipos de gestión.
