Las autoridades confirmaron que la adolescente de 15 años estaba oculta junto a un compañero de colegio de 16. Para dar con ellos frente a los Tribunales de Jesús María, se desplegó un megaoperativo con 90 policías, helicópteros y drones que debieron trabajar a ciegas porque el teléfono de la menor fue apagado a los pocos minutos de su desaparición.
A medida que transcurren las horas tras el hallazgo de Luciana Aylén Barrios Alarcón en el norte cordobés, comienzan a salir a la luz los detalles logísticos y tecnológicos que rodearon a una de las búsquedas más angustiantes del año. El Ministerio de Seguridad de la Provincia y las autoridades municipales de Colonia Caroya confirmaron este miércoles que el operativo terrestre debió ejecutarse bajo condiciones de extrema complejidad debido a una maniobra inicial que anuló el rastreo digital: el teléfono celular de la adolescente fue apagado de forma inmediata tras salir del Colegio Presbítero José Bonoris el lunes pasado, lo que imposibilitó las tareas tradicionales de geolocalización satelital por antenas.
Esta desconexión forzada obligó a la Jefatura policial y al fiscal Guillermo Monti a montar un masivo despliegue de rastrillaje por cuadrantes en el terreno. El operativo contrarreloj demandó el trabajo coordinado de 90 efectivos a pie y en patrullas, apoyados por 25 móviles, drones de visión térmica y un helicóptero de la provincia que sobrevoló la región de Colonia Caroya y Jesús María. Finalmente, la persistencia de las cuadrillas dio sus frutos al registrar meticulosamente una vivienda deshabitada y abandonada ubicada de forma estratégica justo frente al Palacio de Tribunales de Jesús María, a unos 4,5 kilómetros de distancia del colegio donde se le había perdido el rastro.
Al momento de ser localizada por los uniformados, Luciana se encontraba acompañada por un joven de 16 años, quien posteriormente fue identificado por los investigadores como un compañero de la misma institución educativa. Tras el hallazgo, las autoridades judiciales ratificaron que, afortunadamente, no existen indicios ni elementos de sospecha que apunten a la comisión de delitos graves, tales como un secuestro extorsivo o una privación ilegítima de la libertad, cobrando fuerza la hipótesis de una fuga por decisión propia de los adolescentes.
Luego del procedimiento de rescate, la menor fue derivada al Hospital Regional Vicente Agüero para ser sometida a las revisiones clínicas de rigor, donde se constató que presentaba un óptimo estado de salud general antes de concretarse el emotivo reencuentro con sus padres. Tras el cierre del caso, el secretario de Gobierno de Colonia Caroya, César Seculini, llamó públicamente a la reflexión comunitaria y familiar: instó a no «dar vuelta la página» ni «buscar culpables en redes sociales», remarcando la necesidad absoluta de que los adultos responsables se involucren activamente en la escucha de los jóvenes para evitar que tomen determinaciones extremas que pongan en riesgo sus vidas.
