Con el respaldo estratégico de mandatarios provinciales dialoguistas y ausencias calculadas en el recinto, La Libertad Avanza contuvo la ofensiva parlamentaria. Los bloques opositores reunieron 121 presencias y quedaron a ocho bancas del quórum, mientras se destrabaron intensas negociaciones en torno a la Ley de Tierras y el Presupuesto 2027.
En una jornada de alta volatilidad política en la Cámara de Diputados de la Nación, el Poder Ejecutivo logró neutralizar el intento de los bloques opositores para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, la pieza normativa estructural del programa económico del presidente Javier Milei. Tras intensas gestiones de la Casa Rosada con gobernadores provinciales, la convocatoria impulsada por sectores críticos reunió un total de 121 legisladores sentados en sus bancas, quedando a tan solo ocho presencias del quórum reglamentario de 129 necesarias para habilitar el debate parlamentario.
El fracaso de la sesión fue celebrado por las autoridades oficialistas. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, afirmó en sus redes sociales que «quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento», mensaje que fue rápidamente replicado por la jefatura de Estado. El blindaje libertario se asentó en las ausencias estratégicas coordinadas con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut), quienes priorizaron las negociaciones bilaterales sobre las partidas presupuestarias de 2027 y las reformas electorales.
A diferencia del resto de las bancadas regionales dialoguistas, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aportó cinco de los seis diputados de su espacio al quórum (Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Juan Brügge), registrándose únicamente la ausencia de Alejandra Torres. En los discursos en minoría posteriores, referentes como Natalia De la Sota, Pablo Juliano y Germán Martínez fustigaron la postura de los mandatarios provinciales que facilitaron la estrategia oficialista, al tiempo que cuestionaron la maniobra técnica del Gobierno para reponer límites a la venta de campos a extranjeros en el proyecto sobre propiedad privada como mecanismo de contención ante los reclamos por la Ley de Tierras.
