19 noviembre, 2026
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Un tribunal con jurados populares en San Francisco dictó la máxima pena contra Matías Simeone, Cristian Varela y Milagros Rauch por el abuso sexual seguido de muerte de la niña de 8 años en Brinkmann. Los acusados provocaron un incendio en la vivienda para intentar encubrir el asesinato.

La Cámara Criminal y Correccional de San Francisco dictó este jueves la condena a prisión perpetua contra los tres imputados por el abuso sexual y homicidio de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en noviembre de 2024 en la localidad de Brinkmann, en el noreste de la provincia de Córdoba. La sentencia pronunciada por el tribunal y los jurados populares coincidió plenamente con el pedido de la fiscal Consuelo Aliaga Díaz, encontrando culpables al padrastro de la menor, Matías Ezequiel Simeone, y a su amigo, Cristian Hernán Varela, por homicidio calificado por el vínculo, violencia de género, criminis causae y abuso sexual agravado, sumando el delito de estrago doloso para Varela. En tanto, la madre de la víctima, Milagros Rauch, fue condenada como partícipe necesaria.

Las pericias forenses e investigativas resultaron determinantes para desarmar las estrategias defensivas de los tres imputados, quienes habían solicitado sus respectivas absoluciones. El expediente judicial confirmó que la niña murió por asfixia manual tras sufrir un abuso sexual y que los acusados iniciaron intencionalmente el fuego en la habitación para destruir las pruebas de los delitos cometidos. En esa escena fue hallado el cuerpo sin vida de la menor por los bomberos, quienes advirtieron de inmediato que la víctima no presentaba señales de haber intentado escapar de las llamas ni de sofocación por humo previa a la quema del inmueble.

El caso conmocionó profundamente a la opinión pública cordobesa y nacional, no solo por la extrema crueldad del hecho, sino por las graves fallas estatales expuestas durante la instrucción. Familiares de la víctima habían formulado reiteradas denuncias por el contexto de adicciones, marginalidad y violencia en el que vivían los menores. Pese a las alertas, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la provincia había restituido la custodia de los niños a Rauch y Simeone —quien al momento del crimen gozaba de libertad condicional— tras dar por concluido un tratamiento de adicciones, un antecedente que desató masivas marchas y reclamos de responsabilidades institucionales en Brinkmann.

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