19 noviembre, 2026
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El máximo tribunal evalúa una medida cautelar que solicita precisar el alcance de su reciente fallo sobre el DNU 70/2023. Para acelerar el trámite, los magistrados acortaron a 24 horas los plazos procesales para la integración de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un Acuerdo Extraordinario con el objetivo de tratar un pedido de medida cautelar que podría reponer, de forma provisoria, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros fijadas por la Ley 26.737. La norma había sido derogada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, generando un prolongado litigio judicial promovido por organizaciones ambientalistas, comunidades originarias y centros de excombatientes.

La convocatoria se produce tras la resolución de la semana pasada en la que el tribunal revocó una sentencia de inconstitucionalidad por considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata carecía de legitimación activa para litigar en representación colectiva. Frente al rechazo político y legislativo originado por dicha resolución, la Corte emitió una aclaración pública señalando que aquel pronunciamiento abordaba un estricto aspecto procesal y no anulaba las medidas cautelares o amparos vigentes en otros juzgados federales del país.

En esta oportunidad, el expediente bajo análisis fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie junto a las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon. A fin de resolver la solicitud de aclaratoria y cautelar, la Corte sorteó e integró al cuerpo a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. De forma excepcional, el tribunal redujo el plazo habitual de 72 a 24 horas para que las partes consientan la nómina, abriendo la posibilidad de devolver las actuaciones a la justicia federal de origen o resolver la restitución de la ley de forma directa.

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