La Justicia de Córdoba dio un paso firme contra la ola de amenazas en escuelas. Imputaron a un grupo de adolescentes por el delito de intimidación pública, luego de confirmar que fueron los autores de los mensajes de supuestos ataques y tiroteos que circularon por WhatsApp y redes sociales. La investigación digital fue clave para dar con los responsables.
Los operativos incluyeron el secuestro de dispositivos móviles desde donde se habrían originado las alertas falsas que obligaron a evacuar instituciones y generar psicosis colectiva. Los fiscales advirtieron que los padres podrían enfrentar sanciones civiles por los costos de los operativos policiales innecesarios. El impacto de estas amenazas afectó el dictado de clases en colegios públicos y privados de la capital.
Este caso marca un precedente sobre el uso responsable de las tecnologías por parte de menores de edad. La justicia busca enviar un mensaje claro: cualquier amenaza al orden público será investigada y castigada, sin importar la edad de los autores.
La normalización de la actividad escolar es la prioridad tras las imputaciones, mientras continúa la investigación para determinar si hubo más personas involucradas en la cadena de mensajes.
