Múltiples causas judiciales salpican a referentes territoriales, exministros, legisladores y dirigentes sindicales ligados a la estructura histórica del PJ en Córdoba.
En momentos en que el gobernador Martín Llaryora proyecta la estrategia política del oficialismo cordobés, un entramado de causas judiciales salpica a dirigentes históricos del peronismo provincial. Los expedientes abarcan imputaciones por abuso sexual, homicidio culposo, corrupción e internas gremiales violentas. Aunque ninguno de los involucrados pertenece al círculo íntimo del mandatario, las investigaciones golpean la red territorial, legislativa y sindical construida por el PJ a lo largo de casi tres décadas en el poder.
Entre los casos con mayor repercusión se destaca el del legislador Ernesto «Cañito» Flores (Río Seco), salpicado por la causa de grooming e investigación de abusos a menores que involucra a un exasesor; el avance del juicio al exlegislador Oscar González por la tragedia vial de las Altas Cumbres; y el proceso por violencia de género e imputaciones graves contra el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera. Asimismo, la Justicia procesó al exintendente de Saldán, Cayetano Canto, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, al tiempo que investiga la hipótesis de un crimen por encargo en la causa por el asesinato de Gabriela Pérez en el seno de la interna entre los gremios Soelsac y Surrbac.
