28 junio, 2026
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En una de las sesiones más contradictorias de la gestión de Daniel Passerini, el bloque Hacemos Unidos por Córdoba presentó dos pedidos de informes sobre el financiamiento político del senador nacional en 2003 y 2007. La oposición aceptó el desafío y exigió tratarlos sobre tablas, pero el oficialismo se arrepintió y votó en contra de sus propias iniciativas.

El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba fue escenario de un insólito y contradictorio episodio legislativo que revirtió una estrategia ofensiva del oficialismo en un severo bache institucional. El bloque mayoritario de Hacemos Unidos por Córdoba llevó al recinto dos proyectos de resolución que buscaban solicitar informes detallados a la Justicia Electoral provincial y municipal sobre los aportes y el financiamiento de las campañas del actual senador Luis Juez cuando compitió por la intendencia capitalina y la gobernación en los años 2003 y 2007. Sin embargo, la jornada concluyó con los propios concejales del peronismo votando en contra del tratamiento de sus expedientes.

La maniobra legislativa pretendía dar un marco institucional a las recientes declaraciones públicas del intendente Daniel Passerini. En el contexto de la crisis por las irregularidades en los controles de los boliches nocturnos locales —trascendida tras el femicidio de la adolescente Agostina Vega y la detención de un empresario del rubro—, Passerini había acusado formalmente a «los empresarios de la parte más oscura de la noche» de haber financiado el armado político original del juecismo. Con esta premisa, los concejales peronistas ingresaron los expedientes 13168 y 13169, apostando a que la oposición rechazaría la medida y quedaría expuesta a un costo político.

No obstante, la bancada del Frente Cívico y el resto de los bloques opositores descolocaron la estrategia oficialista al anunciar que no solo acompañarían los proyectos, sino que exigían incorporarse como coautores y votar las resoluciones de manera inmediata en esa misma sesión. El momento de mayor tensión en el recinto se produjo cuando el concejal Martín Juez Corte —hijo del senador nacional y vicepresidente tercero del cuerpo— tomó la palabra para avalar la investigación: «Busquen donde tengan que buscar, allanen donde tengan que allanar. Nosotros no somos corruptos», exclamó, desafiando al oficialismo a someter la propuesta a una votación nominal.

Frente a la inesperada aceptación del convite por parte de la oposición, el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba sufrió una parálisis discursiva y operacional. Al momento de someter a votación la moción para habilitar el tratamiento sobre tablas, los mismos concejales oficialistas que habían redactado y firmado las iniciativas minutos antes levantaron la mano para votar en sentido negativo. Al no alcanzarse la mayoría especial de dos tercios necesaria debido al inesperado rechazo de sus propios autores, ambos proyectos debieron ser derivados a la Comisión de Legislación General sin una fecha cierta para su debate, permitiendo que la oposición se retirara de la sesión capitalizando la flagrante incoherencia institucional del oficialismo.

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