El sistema de traslados para personas con discapacidad atraviesa una crisis histórica en la provincia, con un fuerte impacto que ya afecta directamente la accesibilidad a tratamientos médicos básicos. Según datos de la Asociación Colectivo 3 de Diciembre, el 30% de los transportistas se vio obligado a abandonar el sector durante el último año debido a la devaluación de sus aranceles y a una preocupante cadena de pagos estatales que acumula retrasos superiores a los 90 días. Ante este panorama, los prestadores nucleados se movilizaron este viernes al Parque Sarmiento bajo el lema «Basta de crueldad».
La emergencia operativa del sector dejó de ser una advertencia económica para convertirse en un problema de vulneración de derechos. Desde la entidad, que representa a más del 75% de los choferes activos en Córdoba, explicaron que el constante aumento del combustible y la escalada en los costos de los repuestos e insumos vehiculares hicieron inviable la subsistencia del servicio. El drama se acentúa en zonas del interior provincial como Traslasierra, donde las grandes distancias geográficas y la falta de líneas de transporte público adaptado aíslan por completo a los pacientes si no cuentan con estos vehículos especializados.
Trabajadores que resisten de manera autónoma relataron que la situación es límite y que muchos debieron recurrir al endeudamiento personal para no perder sus unidades ante la falta de pago de las obras sociales y programas nacionales. «Esto se mantiene más por compromiso humano que por condiciones reales de sustentabilidad», señalaron desde los centros educativos terapéuticos del interior. Los choferes que decidieron migrar de rubro hacia la logística convencional lamentaron tener que discontinuar el vínculo con los niños y adultos que trasladaban, pero coincidieron en que los ingresos actuales no permitían cubrir los gastos mínimos de mantenimiento técnico del transporte.
Desde el punto de vista institucional, los prestadores apuntan sus reclamos de forma directa contra el Gobierno nacional, denunciando que el Poder Ejecutivo mantiene pisados los fondos y se niega a aplicar los instrumentos contemplados en la Ley de Emergencia aprobada. La única expectativa jurídica del sector de transportistas está depositada en que la Casa Rosada desista de las apelaciones y acate definitivamente el fallo del juez federal Ricardo Vaca Narvaja, el cual obliga al Estado a regularizar de manera inmediata los giros presupuestarios pendientes para salvaguardar las prestaciones médicas de los afiliados.
