La Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los destinos más icónicos de Colombia y el mundo, atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Lo que debería ser una postal de playas vírgenes y selva se ha convertido en un escenario de disputa territorial entre estructuras paramilitares y narcotraficantes. La situación es tan crítica que el gobierno de Gustavo Petro se vio obligado a cerrar temporalmente el Parque Nacional Tayrona tras las constantes amenazas a guardaparques y los cobros ilegales a turistas y comerciantes.
En el centro del conflicto están las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quienes imponen una «gobernanza armada». Este grupo regula desde quién entra a las playas hasta el precio de los platos de comida, financiándose mediante extorsiones y el control de rutas para el narcotráfico. A esto se suma el avance del Clan del Golfo, la mayor organización narco del país, que busca arrebatarles el territorio, desatando una guerra que ya se cobra vidas y afecta directamente a las comunidades indígenas Kogui y Arhuacos, habitantes ancestrales de la zona.
El impacto económico es devastador para la región. El Tayrona recibe unos 600.000 visitantes anuales, pero el clima de miedo ha provocado una caída en las reservas. «Nadie hace turismo en Ucrania o Irán», advierten los referentes hoteleros, subrayando que la violencia está ahuyentando a los viajeros internacionales. Mientras el Estado intenta avanzar con su política de «paz total», la Sierra sigue bajo el control de facto de grupos que amenazan con destruir el motor turístico y la paz de las comunidades locales.
