El municipio confecciona una normativa en conjunto con la Mesa de Transporte para registrar y controlar a los choferes de aplicaciones. Buscan evitar la saturación del mercado, asegurar que los conductores sean residentes locales y garantizar la coexistencia con taxis y remises.
La Municipalidad de Jesús María se sumará al grupo de localidades de la provincia de Córdoba que decidieron intervenir legislativamente ante el avance de las plataformas digitales de transporte de pasajeros. En las últimas horas, las autoridades municipales confirmaron que se encuentra en plena elaboración un proyecto de ordenanza para regular la actividad de Uber y aplicaciones similares, una iniciativa que cuenta con el aval del intendente Federico Zárate y está siendo consensuada con la Mesa de Transporte local, que nuclea a taxistas y remiseros.
El titular del organismo que analiza el transporte público en la ciudad, Pablo Castellanos, fundamentó la necesidad de avanzar en una normatización debido al crecimiento desregulado de la aplicación en la zona y a la flexibilidad con la que opera. Uno de los puntos críticos señalados por el funcionario radica en la procedencia de los prestadores: “A veces pedís un Uber y te viene una persona de Córdoba o de otro lado”, graficó, explicando que la intención oficial es crear un registro obligatorio de habilitación municipal que limite el servicio exclusivamente a conductores residentes en Jesús María.
Para sustentar jurídicamente la medida, desde el municipio se respaldaron en un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual determinó que firmas como Uber deben ser consideradas empresas de transporte y no meros intermediarios tecnológicos, lo que faculta y obliga al Estado a ejercer el poder de policía y control sobre ellas. Asimismo, en la región ya existe el antecedente inmediato de Colonia Caroya, donde el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una regulación en la misma línea.
El debate por la subsistencia del sector
Las autoridades locales aclararon que el espíritu de la ordenanza no persigue la prohibición de las plataformas —reconociendo que, en el contexto de la crisis económica actual, muchos vecinos recurren a la aplicación como un ingreso complementario en sus ratos libres—, sino establecer reglas de juego claras para mitigar la fricción social. La meta es alcanzar un esquema de coexistencia regulada entre los tres formatos de movilidad urbana: taxis, remises y vehículos de aplicaciones de viaje.
Por su parte, los choferes tradicionales de la ciudad miran con cautela el proceso y advierten sobre los riesgos de un mercado saturado. Referentes con trayectoria en el sector de taxis señalaron que, si la oferta de autos se desborda y las tarifas se deprimen por la lógica de las plataformas, el servicio se volverá insostenible a mediano plazo para los propios conductores de Uber. “Lo que ganen no les va a alcanzar para arreglar el auto y se van a quedar sin trabajo y sin auto”, sentenció un taxista local con más de 15 años de experiencia, reflejando la preocupación que domina el debate sobre la sustentabilidad del sistema de transporte en la región.
