Tras el mes más complejo de la gestión municipal, Daniel Passerini busca retomar la iniciativa en las calles con nuevas unidades de seguimiento. El ministro Juan Pablo Quinteros gana protagonismo en el oficialismo, mientras la oposición dispersa sus reclamos entre la Legislatura y el Concejo Deliberante.
El impacto social e institucional por el femicidio de Agostina Vega y las revelaciones sobre la falta de controles en los locales nocturnos abrieron un escenario de alta tensión en el ámbito político cordobés. El Palacio 6 de Julio atravesó su período más crítico, obligando al intendente Daniel Passerini y al gobernador Martín Llaryora a recalibrar su agenda pública para intentar demostrar autoridad en un contexto de fuerte vulnerabilidad estatal.
En respuesta a las irregularidades y las denuncias cruzadas vinculadas con el bar céntrico Wachitas y otros comercios inhabilitados, Passerini firmó la creación de una nueva unidad de seguimiento y control. Este organismo tiene como finalidad coordinar tareas preventivas junto al cuerpo de constatadores locales y articular estrategias con las fuerzas de seguridad. La iniciativa surge tras los cuestionamientos al actual Ente de Control municipal, cuya efectividad quedó en el centro de las críticas de la sociedad.
En el plano del oficialismo, la coyuntura aceleró el posicionamiento de figuras ministeriales en el territorio capitalino. El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, se consolidó como el funcionario de mayor exposición en el marco del lanzamiento de operativos para prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios, sumado al próximo tratamiento legislativo de la ley antibúnkeres.
La centralidad adquirida por Quinteros comenzó a encender las alarmas en el esquema partidario del justicialismo. Debido a la carencia de un sucesor natural para la intendencia, sectores del llaryorismo evalúan la proyección de este dirigente de origen extrapartidario como posible opción electoral para la Ciudad, una alternativa que compite con las aspiraciones de dirigentes del peronismo tradicional como Miguel Siciliano, Héctor «Pichi» Campana, Juan Domingo Viola o Marcelo Rodio.
La embestida de la oposición y las réplicas del oficialismo
El bloque opositor, compuesto por la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico y el PRO, desplegó una estrategia de confrontación en dos frentes institucionales:
- Estrategia en la Legislatura: Diputados de distintas bancadas impulsaron un pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón por su desempeño previo en causas vinculadas al principal acusado, Claudio Barrelier, e instaron al Ejecutivo provincial a someter al ministro Quinteros a una interpelación formal.
- Presión en el Concejo Deliberante: Las concejalas Elisa Caffaratti (UCR), Graciela Villata (Frente Cívico) y Soher El Sukaria (PRO) exigieron la conformación de una comisión investigadora independiente y la realización de auditorías internas sobre los ingresos de personal al municipio, pese al desplazamiento del concejal Ricardo Moreno del escenario legislativo local.
Las respuestas públicas de las principales referencias de la oposición no tardaron en llegar. El diputado nacional Rodrigo de Loredo apuntó contra el Ejecutivo, argumentando que el principal sospechoso fue incorporado a las estructuras estatales debido a sus nexos con las barras bravas y definió lo sucedido como la consecuencia de un engranaje bajo amparo público. Por su parte, el senador Luis Juez calificó la situación de «vergüenza institucional» y denunció un profundo deterioro en los sistemas de supervisión del Estado provincial.
Por el momento, las bancadas oficialistas respondieron a la ofensiva trayendo a colación antiguos legajos de administraciones municipales precedentes, sancionando modificaciones en el Estatuto del Personal municipal y endureciendo las clausuras comerciales en la noche de la ciudad. El debate de fondo dejó de ser estrictamente judicial y se convirtió en una puja abierta por determinar qué sector logra capitalizar el orden urbano y quién asumirá los costos políticos de las fallas del sistema de control estatal.
