La exconcejala ingresó un requerimiento formal de acceso a la información pública dirigido al intendente Daniel Passerini. Solicita la nómina completa de empleados, funcionarios y entes autárquicos, además de auditar los controles de antecedentes penales aplicados desde 2020.
La onda de choque política por el femicidio de Agostina Vega sigue expandiéndose sobre el Palacio 6 de Julio. Tras el descabezamiento de la cúpula de la Dirección de Tránsito y la renuncia definitiva del dirigente Ricardo Moreno a su banca, la lupa institucional se posó ahora sobre la totalidad de la estructura de personal de la Municipalidad de Córdoba. La exdiputada y referente política Laura Sesma presentó un exhaustivo pedido de acceso a la información pública exigiendo explicaciones urgentes sobre cómo ingresó al Estado el principal imputado, Claudio Gabriel Barrelier, y demandando una auditoría completa de los mecanismos de contratación desde el año 2020 a la actualidad.
La presentación, formalizada bajo el amparo de la Ley Provincial 8803 de Acceso a la Información Pública, intima al intendente Daniel Passerini a brindar una respuesta documentada en un plazo máximo de diez días hábiles. En relación al caso específico de Barrelier, Sesma solicita conocer la fecha exacta de su incorporación, la modalidad contractual, qué funcionarios intervinieron en su designación y, fundamentalmente, si se le exigió el certificado de antecedentes penales emitido por la Policía de Córdoba o por el Registro Nacional de Reincidencia al momento de firmar su legajo.
Sin embargo, el requerimiento va mucho más allá de la situación del acusado del crimen. El texto exige transparentar las plantillas completas de la administración central, de los entes autárquicos y de las agencias descentralizadas, discriminando la cantidad exacta de agentes en planta permanente, planta transitoria, contratados, monotributistas y becarios. Asimismo, reclama la nómina total de la planta política jerárquica —secretarios, directores, subdirectores y asesores— junto con las normativas internas que regulan sus funciones.
El trasfondo del planteo apunta a contrastar el modelo actual de contrataciones con el sistema de concursos públicos y evaluaciones informatizadas junto a universidades que rigió en el municipio años atrás, el cual garantizaba órdenes de mérito transparentes. Desde el entorno de Sesma señalaron que el trágico desenlace de Agostina desnudó falencias estructurales en los filtros de idoneidad y aptitud del empleo público. La presentación busca determinar si la omisión de controles de reincidencia fue un caso aislado en el área de Tránsito o si forma parte de una flexibilización generalizada en los ingresos estatales de los últimos seis años.
