El bloque cordobés en la Cámara de Diputados propuso transferir las áreas operativas del histórico complejo de turismo social a la gestión local de Calamuchita. Buscan frenar el plan de la Casa Rosada de lotear el predio para la construcción de barrios privados.
El conflicto por el futuro de la Unidad Turística de Embalse sumó una fuerte contraofensiva legislativa en el Congreso de la Nación. En una acción coordinada entre el «Panal» y el exgobernador Juan Schiaretti, el bloque de diputados nacionales de Provincias Unidas (PJ de Córdoba) presentó formalmente un proyecto de ley para transferir de manera gratuita el predio hotelero desde la órbita del Estado nacional a las manos del municipio de Embalse, en el Valle de Calamuchita. La iniciativa busca bloquear de raíz el decreto del presidente Javier Milei que habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a enajenar, concesionar o privatizar las tierras públicas.
El proyecto fue presentado por la diputada nacional Carolina Basualdo en el marco de la Comisión de Turismo, cosechando de inmediato un peso político transversal. La propuesta lleva las firmas de la primera línea del cordobesismo en Buenos Aires: el propio Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Juan Brugge. El texto establece el traspaso inmediato de las áreas que se encuentran en condiciones de uso, puntualmente los hoteles 2 y 7, además del polideportivo, el centro de salud regional, el complejo de piletas de natación y 11 de los 51 bungalows que componen las 300 hectáreas ubicadas a la vera del lago más grande de Córdoba.
La movida parlamentaria complementa el «operativo clamor» que el intendente local, Mario Rivarola, expuso esta semana en los pasillos del Congreso ante la falta de interlocución con los despachos de la Casa Rosada. Rivarola encendió las alarmas de la comunidad de Calamuchita al revelar cuál es el verdadero destino que el Ejecutivo nacional proyecta para el patrimonio histórico: la intención oficial sería desguazar el complejo, vender los siete hoteles individualmente a corporaciones turísticas y autorizar nuevos loteos para la edificación de dos barrios privados exclusivos dentro del predio.
«No conocemos cuál es el destino que el Gobierno le quiere dar a este predio a partir de decisiones que se toman desde escritorios en Buenos Aires, desconociendo la importancia que tiene para la región», fustigó Basualdo durante la defensa del articulado. Frente al modelo de liquidación inmobiliaria que impulsa la Nación, el peronismo de Córdoba planta bandera con una alternativa productiva de gestión público-privada que busca mantener los puestos de trabajo de mozos, hoteleros y gastronómicos, resguardando el valor identitario de un emblema del turismo social fundado hace 70 años.
