El gobernador de Córdoba se pronunció públicamente sobre el crimen de la adolescente durante un acto oficial. Confirmó que mantuvo una reunión privada con la familia de la víctima y aseguró que el Estado provincial aportará todos los recursos para que el imputado reciba «todo el peso de la ley».
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rompió el silencio institucional y se refirió formalmente al femicidio de Agostina Vega (14), el aberrante hecho que mantiene en vilo a la opinión pública provincial y nacional. Durante su discurso en el acto oficial por el Día del Bombero Voluntario, el mandatario interrumpió la agenda prevista para solicitar un minuto de silencio en memoria de la adolescente y expresar el fuerte impacto que la causa provocó en el seno del Ejecutivo. “Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos. Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción”, manifestó visiblemente afectado.
En un intento por amortiguar los cuestionamientos hacia la administración pública debido a que el único detenido, Claudio Barrelier, se desempeñaba en la planta estatal, Llaryora reveló que mantuvo un encuentro privado el pasado domingo con el padre y los abuelos de la menor. El gobernador buscó priorizar una veta humana en medio de la crisis de gestión, explicando que el acercamiento se produjo antes de que trascendieran las pericias clave de la autopsia. “Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia para explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia”, remarcó.
Asimismo, ante la inminencia de la marcha del Ni Una Menos, el titular del Centro Cívico ratificó la vigencia de los programas de contención y asistencia a las víctimas de violencia de género, desmintiendo de forma indirecta las críticas de los colectivos sociales sobre un presunto desmantelamiento de las áreas de protección. El mandatario insistió en que el crimen de Agostina debe funcionar como un punto de inflexión colectiva que obligue a profundizar las campañas de concientización en los establecimientos escolares y comunitarios de toda la provincia de Córdoba.
El pronunciamiento del gobernador fija la postura política del oficialismo cordobés frente al avance del expediente, depositando la resolución del conflicto en una condena ejemplar en los tribunales capitalinos. “Nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad es actuar para que estos hechos no se vuelvan a repetir”, concluyó Llaryora, buscando dar una señal de firmeza institucional en una semana donde la presión civil sobre los mecanismos de control del empleo público y de seguridad ciudadana promete mantenerse en el centro del debate.
