La Casa Rosada y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pactaron un incremento para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios de todo el país. Sin embargo, la resistencia oficial a dar marcha atrás con las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) mantiene el litigo en los tribunales y posterga la foto de la tregua.
Tras meses de máxima tensión institucional, marchas multitudinarias y un desgastante tire y afloje financiero, el Poder Ejecutivo nacional y los rectores de las universidades públicas lograron destrabar el principal escollo de la paritaria presupuestaria. En una reunión clave entre los equipos técnicos del Ministerio de Capital Humano y los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las partes acordaron una sustancial actualización en las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento, infraestructura y mantenimiento hospitalario para lo que resta del ciclo lectivo.
El alivio financiero, que busca garantizar el normal dictado de clases y el pago de servicios esenciales que se encontraban al borde del colapso, no bastó sin embargo para sellar la paz definitiva. El gran foco de conflicto se trasladó ahora del Palacio de Hacienda a los despachos de los tribunales federales: las autoridades académicas insisten en que el mecanismo de control que intenta imponer la Casa Rosada, a través de las intervenciones directas de la Sigen, vulnera de forma flagrante la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Nacional.
Desde el entorno presidencial ratificaron que no cederán un solo milímetro en la batalla por el control del gasto público y aseguraron que las inspecciones contables seguirán su curso. Por su parte, el bloque de rectores optó por mantener activas las presentaciones judiciales y los recursos de amparo interpuestos semanas atrás, argumentando que el único órgano competente para revisar sus balances es la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo que depende orgánicamente del Congreso y no del Poder Ejecutivo.
A pesar del histórico respiro económico que aleja el fantasma del cierre de las aulas, la persistencia del litigio judicial congela cualquier posibilidad de un acta de acuerdo integral. El conflicto universitario ingresa así en un escenario de tensa calma legal, donde la normalidad de las actividades académicas dependerá de la celeridad con la que los jueces federales resuelvan el alcance técnico de la autonomía de las universidades frente al control político del Gobierno.
