La Legislatura de Córdoba se encamina a aprobar este jueves, de manera casi unánime, la denominada «Ley Joaquín», un histórico régimen provincial de protección y fortalecimiento de los derechos de las víctimas de delitos. El proyecto de ley, impulsado de manera prioritaria por el gobernador Martín Llaryora tras un fuerte compromiso asumido el pasado 1 de febrero, introduce reformas profundas en el Código Procesal Penal de la provincia (Ley N° 8.123) para garantizar que la voz de los damnificados sea de carácter vinculante y exigible a lo largo de todas las etapas del proceso judicial.
La nueva norma lleva su nombre en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años trágicamente asesinado por otro menor de edad en la localidad de Laboulaye en 2023. La persistente lucha y movilización social encabezada por los padres de Joaquín —quienes presenciarán la sesión ordinaria en el recinto jesuítico— funcionó como el catalizador definitivo para acelerar el tratamiento de una reforma técnica que consta de 40 artículos y que busca desterrar el histórico rol de «sujeto pasivo» que las víctimas solían padecer dentro de los tribunales locales.
El despacho de comisión fue coordinado por el legislador peronista Juan Manuel Llamosas, quien destacó la amplia predisposición para receptar modificaciones de la oposición. La bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), liderada en este debate por Brenda Austin, logró incorporar dos capítulos clave: uno destinado a brindar resguardo y garantías especiales ante casos de violencia institucional —donde existe una asimetría de poder frente a un funcionario estatal— y otro que adecua los protocolos de protección para encuadrarse dentro del Régimen Penal Juvenil.
