El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una histórica acusación formal contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, señalándolo como presunto responsable del derribo de dos aeronaves de la organización de exiliados «Hermanos al Rescate». El gravísimo incidente, ocurrido hace tres décadas cuando Castro se desempeñaba como ministro de Defensa de la isla, culminó con la muerte de cuatro activistas, de los cuales tres poseían la ciudadanía estadounidense.
Los cargos criminales, que incluyen conspiración para cometer asesinato y destrucción de aeronaves, se hicieron públicos en la víspera de un homenaje a las víctimas en Miami. El documento judicial también procesa a los pilotos militares cubanos involucrados, advirtiendo que las penas contempladas alcanzan la cadena perpetua o la pena de muerte. El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, ratificó el endurecimiento de la postura de la gestión de Donald Trump hacia el régimen caribeño, afirmando que el liderazgo superior cubano ya no gozará de impunidad por actos de violencia contra ciudadanos norteamericanos.
La medida judicial profundiza de manera drástica el aislamiento diplomático y económico sobre La Habana, en un contexto global marcado por un severo bloqueo al suministro de combustibles y sanciones a la minería. Mientras la Casa Blanca presiona por un cambio de régimen político en la isla, la administración del actual mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció la resolución como una maniobra de injerencia externa y responsabilizó a Washington por el estrangulamiento de su economía doméstica.
