Miguel Hugo Vaca Narvaja, juez titular del Juzgado Federal N°3 de Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)
El juez Federal N°3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, dictó una medida cautelar de fuerte impacto social que le otorga un plazo máximo de 72 horas al Pami y al Ministerio de Salud de la Nación para normalizar el pago a los prestadores de discapacidad. La resolución judicial responde a la presentación de un amparo colectivo impulsado ante la alarmante interrupción de tratamientos esenciales debido a la falta de fondos.
La demanda original fue motorizada por la abogada Marta Lastra, referente del colectivo Defendamos Córdoba, en representación de un beneficiario de una pensión no contributiva cuya salud se encontraba en riesgo inminente. El magistrado consideró la extrema vulnerabilidad del sector y extendió el alcance de la medida con carácter colectivo, amparando a todos los afiliados que atraviesan la misma situación de desprotección. Desde las organizaciones civiles denunciaron que existe un desfinanciamiento sistemático por parte del Poder Ejecutivo hacia el área y advirtieron sobre posibles maniobras dilatorias por parte del Estado para apelar la orden.
El fallo busca frenar el corte de servicios terapéuticos, de transporte y de internación que afecta a miles de familias en toda la provincia. Las entidades prestadoras esperan que los organismos nacionales acaten de inmediato el dictamen judicial para evitar el colapso definitivo de un sistema que sostiene la calidad de vida y los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
