Con un temario que incluye convenios internacionales y transferencias judiciales, el oficialismo busca sancionar las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo; bloques dialoguistas piden cambios en el articulado sobre soberanía, mientras la oposición cuestiona la concentración de atribuciones.
Según la agenda legislativa, la Cámara de Diputados de la Nación inicia este miércoles desde las 12 del mediodía una sesión especial solicitada por el bloque de La Libertad Avanza, encabezado por Gabriel Bornoroni, con una discusión que se prevé se extienda hasta la madrugada. El orden del día concentra la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional —denominada Ley Malvinas— y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, junto con el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y la transferencia de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con el cronograma parlamentario consignado en el informe, el oficialismo cuenta con respaldo para aprobar en general la Ley Malvinas, orientada a sancionar con hasta 20 años de prisión la explotación hidrocarburífera sin autorización en el Atlántico Sur, pero enfrenta objeciones en la votación por capítulos. Bloques dialoguistas como Provincias Unidas y Argentina Federal condicionan su acompañamiento a modificaciones en el capítulo 7 —que requiere una mayoría especial de 129 votos por incluir normas electorales—, en tanto que desde el peronismo y la izquierda califican la creación del Consejo de Seguridad Nacional y las facultades del Ejecutivo ante amenazas externas como una concentración de poder que desdibuja los límites entre seguridad interior y defensa.
Por otra parte, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central llega al recinto tras haber sido modificada por el Senado, cámara que reemplazó el requisito original de dos tercios en ambas cámaras para remover directores por una mayoría absoluta exclusiva del pleno de la Cámara alta. Según los fundamentos del proyecto citados en la crónica parlamentaria, el Poder Ejecutivo busca instaurar el mandato único de preservar el valor de la moneda bajo una política de emisión cero, prohibiendo los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias y la compra de títulos públicos en el mercado primario.
