19 noviembre, 2026
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La senadora nacional cuestionó las duras expresiones utilizadas por el Presidente durante un acto de la Fundación Faro, donde sugirió «quemar en la hoguera» a cronistas tras ser sobreseído en la investigación por la criptomoneda $LIBRA. La legisladora enfatizó que las discrepancias deben saldarse con fundamentos técnicos y recordó que la gestión gubernamental está sujeta al escrutinio permanente de la prensa, en sintonía con las condenas institucionales emitidas por la Academia Nacional de Periodismo y entidades jurídicas.

El escenario político en La Libertad Avanza registró una contundente toma de distancia interna tras las declaraciones emitidas por el presidente Javier Milei durante la cena anual de la Fundación Faro. La senadora nacional Patricia Bullrich intervino públicamente para diferir de la escalada verbal del jefe de Estado dirigida hacia la prensa, afirmando durante una entrevista con LN+ que instar a mandar «a la hoguera» a los comunicadores constituye una formulación desmedida que quiebra los márgenes aceptables de la convivencia democrática y el intercambio político.

Las tensiones se encendieron luego de que el mandatario celebrara su sobreseimiento —y el de la secretaria general Karina Milei— en el expediente judicial por el proyecto cripto $LIBRA apelando a citas descontextualizadas para agredir a periodistas. Frente a este hecho, Bullrich subrayó que la defensa de la gestión no debe canalizarse mediante descalificaciones personales sino a través de razones. Asimismo, remarcó que quienes ejercen funciones de gobierno deben asumir con templanza el cuestionamiento del periodismo, al tratarse de una herramienta esencial de contrapeso constitucional sobre la administración pública.

El pronunciamiento de la senadora otorgó volumen político a una serie de rechazos institucionales provenientes del sector civil y corporativo. La Academia Nacional de Periodismo difundió un comunicado en el que calificó la retórica presidencial como una amenaza institucional grave contra la libertad de expresión, posición respaldada por el Colegio Público de la Abogacía, la entidad empresarial IDEA y múltiples ONG de Derechos Humanos, las cuales instaron a moderar los discursos oficiales para resguardar la libertad de prensa en el país.

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