19 noviembre, 2026
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La mandataria anunció una estricta normativa de presentación personal y disciplina para los colegios estatales que prohíbe el uso de maquillaje, tintes, uñas pintadas y celulares. El plan, impulsado tras un caso de agresión sexual que conmocionó al país, faculta las expulsiones por violencia escolar y transfiere la gestión de instituciones cuestionadas al Ministerio de Educación.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presentó este lunes un conjunto de lineamientos de disciplina y presentación personal destinados a las escuelas públicas de todo el territorio nacional. La medida, orientada a restituir la autoridad docente y el orden institucional tras una seguidilla de episodios de violencia escolar, introduce severas restricciones sobre la vestimenta y apariencia de los estudiantes, límites al uso de dispositivos electrónicos dentro del aula y un régimen sancionatorio que restablece las expulsiones ante faltas de gravedad.

Durante el anuncio oficial, la jefa de Estado sintetizó el espíritu del proyecto mediante pautas específicas para el alumnado. «El orden no solamente es en las calles, también tiene que regresar a nuestras escuelas. Los hombrecitos deben venir con el pelo corto, está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse», aseveró Fujimori. El protocolo prohíbe además el uso de uñas pintadas, establece la regulación del largo de las faldas del uniforme y restringe la portación de teléfonos celulares durante el horario lectivo salvo autorización expresa del personal pedagógico.

Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, detalló que mientras los colegios privados mantendrán la facultad de fijar su propio reglamento interno, los centros estatales deberán acatar la normativa sin excepciones para erradicar el acoso y las agresiones. La reforma disciplinaria tuvo su detonante el pasado mes de septiembre tras la conmoción generada por la denuncia de violación grupal a un alumno de 16 años en un autobús del Liceo Naval Almirante Guise —institución cuya administración fue retirada a la Marina de Guerra y transferida al Ministerio de Educación—, hecho que derivó en la internación preventiva de seis estudiantes y motivó la intervención del Ministerio Público.

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