Legisladores de la oposición fundamentan que denunciaron el hecho de inmediato para despegarse del caso de Ramón «Cañita» Flores, mientras se cuestiona el rol de los punteros territoriales en las estructuras legislativas.
La detención de Omar Ludueña, empleado de planta permanente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba e imputado por presunto abuso sexual intrafamiliar, desencadenó un cerrado alineamiento político dentro de la Unión Cívica Radical (UCR). Referentes del espacio como Elisa Caffaratti, Alejandra Ferrero y el diputado Rodrigo de Loredo salieron a fijar una postura pública bajo la premisa «no somos iguales», en un intento directo de diferenciar su conducta institucional de la respuesta del peronismo frente al expediente que involucra al exlegislador Ramón «Cañita» Flores. Desde la UCR enfatizan que, tras recibir la alerta de la víctima, acudieron a la Justicia y solicitaron formalmente el apartamiento de Ludueña de su puesto en el despacho de Ferrero.
Desde el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, sin embargo, cuestionan los plazos entre el primer mensaje recibido por dirigentes opositores y las explicaciones públicas, acusando al radicalismo de reaccionar recién tras la mediatización de la causa. Más allá del cruce entre bancadas, el expediente administrativo y penal vuelve a poner bajo la lupa la contratación de militantes y dirigentes territoriales en el Estado provincial. Ludueña, quien fue dos veces presidente de un centro vecinal y referente de la Seccional Cuarta, ingresó como contratado en 2011 y accedió a la planta permanente tras concursar en 2015 con nivel primario completo, obteniendo su título secundario en 2022. La controversia expone un interrogante estructural sobre las funciones efectivas, idoneidad y designaciones de punteros dentro de la Unicameral.
En el plano judicial, el abogado defensor Mario Rey prevé solicitar la excarcelación de Ludueña y gestionar licencias por vacaciones adeudadas mientras avanza el sumario administrativo interno.
