Las manifestaciones populares que exigían la renuncia del mandatario amainaron luego de un acuerdo con los sectores sindicales. Sin embargo, el conflicto agudizó la recesión económica, paralizó las reformas estructurales promercado y dejó al Ejecutivo en una posición de extrema debilidad institucional.
Luego de casi dos meses de paralización absoluta, Bolivia intenta recuperar su dinamismo en medio de un escenario profundamente adverso. El presidente Rodrigo Paz describió la situación del país tras más de 50 días de conflicto comparándola con la de «una persona que se ha quedado inmovilizada en la cama y ahora le cuesta volver a caminar». Si bien el mandatario, elegido en 2025, logró contener la embestida callejera que reclamaba su dimisión, el costo financiero, social y de gobernabilidad ha dejado a su administración en una posición de marcada vulnerabilidad.
El impacto sobre las variables económicas del país es alarmante. Antes de desatarse la ola de protestas, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya proyectaban para este año una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) de más del 3%, situando a Bolivia con el peor desempeño macroeconómico de la región. Las movilizaciones agravaron drásticamente este panorama: el sector exportador reportó pérdidas superiores a los 980 millones de dólares, mientras que el rubro turístico estimó un perjuicio de 130 millones de dólares. A esto se suma el costo logístico de la infraestructura dañada, calculándose en 13 millones de dólares la reparación de las carreteras estatales que sufrieron bloqueos.
La inestabilidad interna también dinamitó la confianza de los mercados internacionales. El riesgo país de Bolivia trepó a los 425 puntos, consolidándose como el más elevado de América Latina, exceptuando únicamente a Venezuela. Ante la dilatación de una salida institucional, las clases medias y urbanas presionaron al Ejecutivo exigiendo mayor rigurosidad en el restablecimiento del orden público. Paz terminó decretando el estado de excepción y el despliegue del Ejército, pero la medida se aplicó cuando el conflicto ya se encontraba en fase de desgaste y tras la firma de un decisivo pacto de pacificación con la cúpula de los obreros sindicalizados.
Un freno obligado al ímpetu reformista
El entendimiento alcanzado entre el Palacio de Gobierno y las organizaciones de trabajadores condicionará de forma severa la agenda económica del presidente. El documento firmado obliga al Estado a rechazar la privatización de empresas públicas estratégicas, vetar cualquier condicionamiento macroeconómico de organismos bilaterales de crédito y preservar la soberanía financiera. Especialistas en materia política señalan que este acuerdo sepulta, al menos temporalmente, el paquete de 10 leyes de minería, hidrocarburos y comercio exterior que el Ejecutivo preveía enviar a la Asamblea para flexibilizar la economía y atraer capitales privados extranjeros.
Por el lado del frente opositor y las organizaciones de base, el conflicto desnudó un profundo vacío de liderazgo. El bloque popular tradicional, atomizado tras la estrepitosa implosión electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) —que pasó de conducir el país durante dos décadas a cosechar apenas algo más del 3% de los votos en los últimos comicios—, demostró capacidad de movilización rural pero careció de una agenda de recambio unificada. La firma del acuerdo con el mandatario provocó fuertes divisiones internas, al punto de que federaciones campesinas e indígenas de La Paz y Cochabamba desconocieron el tratado, tildaron de «traidores» a los dirigentes sindicales firmantes y llamaron a un estado de organización y movilización permanente.
