Ezequiel Hormaeche comparece ante los concejales para dar explicaciones sobre los controles y habilitaciones a los locales nocturnos «Wachitas» y «Malibú», salpicados por las derivaciones del caso Agostina Vega. Daniel Passerini respaldó al funcionario y denunció que recibió amenazas de muerte con dos casquillos de bala.
El tratamiento de las derivaciones políticas e institucionales del femicidio de la adolescente Agostina Vega tendrá este martes un capítulo de alta intensidad en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Las bancadas de la oposición recibirán a partir de las 10:00 horas al director ejecutivo del Ente de Fiscalización y Control (ENFyC), Ezequiel Hormaeche, quien deberá responder un extenso pliego de preguntas enfocado en los expedientes administrativos, inspecciones y clausuras de los establecimientos nocturnos «Wachitas» y «Malibú».
Como antesala a este examen legislativo, el funcionario municipal, acompañado por el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, mantuvo una reunión preparatoria con el bloque del Partido Justicialista para alinear la estrategia de defensa del oficialismo. El encuentro del oficialismo contó con la llamativa ausencia del edil Diego Casado, quien en paralelo utilizó una transmisión vía streaming para criticar con dureza las fallas del sistema de fiscalización comunal, evidenciando las fisuras internas que genera la problemática en el Palacio 6 de Julio.
Por su parte, el intendente Daniel Passerini intervino de forma pública para apuntalar a su funcionario y denunció que Hormaeche fue víctima de graves intimidaciones mafiosas. De acuerdo con lo revelado por el jefe municipal, desconocidos vinculados a la actividad nocturna habrían dejado dos casquillos de bala sobre el escritorio del director tras una de las recientes clausuras, un hecho que ya fue formalmente judicializado ante el Ministerio Público Fiscal. Como respuesta institucional, el Ejecutivo anunció el envío de un proyecto para modificar la ordenanza de Habilitaciones mediante la creación de un registro público de locales clausurados, que funcionará de forma complementaria a la nueva Unidad Ejecutora Mixta orientada a auditar la noche cordobesa.
La estrategia de los bloques opositores, sin embargo, busca ir más allá de las medidas paliativas propuestas por el Ejecutivo. Además de insistir con una auditoría externa profunda y la conformación de una comisión investigadora en el seno del cuerpo deliberativo, un sector de los concejales comenzó a diseñar un proyecto para impulsar la disolución definitiva del ENFyC. Los fundamentos de los ediles disconformes señalan que a dos años de su conformación autárquica, el ente fracasó en su misión de centralizar las funciones de Espectáculos Públicos y Habilitación de Negocios, debido a que nunca logró absorber de forma efectiva al personal de inspectores ni resolver las fallas de fondo en los controles. Aunque su desintegración requiere de una mayoría agravada de dos tercios difícil de alcanzar, la iniciativa busca mantener la presión sobre el oficialismo, que además afronta un frente de conflicto con el gremio del Suoem por la propuesta de implementar test antinarcóticos obligatorios y controles de antecedentes para los empleados y becarios municipales.
