Las comisiones de Gobierno y Políticas Sociales iniciaron el tratamiento en paralelo de ambas iniciativas. El oficialismo busca transformar el pedido opositor de antecedentes en una ordenanza más amplia, mientras que el narcotest sumaría controles aleatorios. Estiman su aprobación para el mes de julio.
La agenda legislativa de Río Cuarto sumó un capítulo de alta intensidad política. El Concejo Deliberante puso en marcha el tratamiento en comisión de dos de los proyectos que mayor impacto social y mediático cosecharon en las últimas semanas: la obligatoriedad del narcotest para funcionarios políticos y el seguimiento de antecedentes penales para los empleados del Estado municipal.
El plenario de las comisiones de Gobierno y Políticas Sociales sirvió para que el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba (PJ) recuperara la iniciativa política dentro del recinto. La oposición venía presionando fuertemente para tratar ambos expedientes sobre tablas, valiéndose de la conmoción pública generada en la provincia por el caso del femicidio de Agostina Vega para exigir mayores controles éticos e institucionales en el sector público. Tras la extensa reunión de comisión, el oficialismo logró encauzar el debate bajo los carriles formales de la discusión técnica, proyectando despachos firmes y una aprobación definitiva en las bancas para el mes de julio.
El estado de situación y los puntos de conflicto en cada expediente muestran realidades distintas:
- Narcotest obligatorio: Impulsado por el Ejecutivo municipal, está destinado a todo el arco político (funcionarios electos y designados). Es el proyecto que reúne mayor consenso, aunque la oposición exigió añadir un artículo para que las pericias toxicológicas se realicen bajo fechas aleatorias y sorpresivas para garantizar la transparencia.
- Control de antecedentes penales: Es el núcleo del debate más áspero. La oposición había presentado un proyecto de resolución rápida, pero el oficialismo bloqueó esa vía argumentando que un tema de semejante envergadura jurídica debe instrumentarse mediante una ordenanza integral. El PJ presentará un texto propio más amplio que ensamble estos controles con la normativa de Ficha Limpia.
Durante la lectura fina del articulado, los asesores advirtieron un limitante legal: el Ejecutivo municipal no está facultado para exigir de manera directa los prontuarios a la Policía, por lo que la futura ordenanza establecerá que sean los propios agentes y aspirantes quienes gestionen y presenten de manera periódica sus certificados de reincidencia. Para blindar la norma de futuros amparos, el Concejo convocará en los próximos días a especialistas en derecho laboral y a los representantes de los gremios sindicales del sector público.
