El Ente de Fiscalización y Control dictó la caducidad comercial del local de Nueva Córdoba por acumular tres clausuras en menos de dos años e infracciones de seguridad. El negocio está vinculado a Soledad Andreani, detenida por el femicidio de la adolescente de 14 años.
El entramado comercial que rodea a los sospechosos del brutal femicidio de Agostina Vega sufrió un golpe institucional determinante. La Municipalidad de Córdoba, a través de su Ente de Fiscalización y Control, resolvió revocar de manera definitiva la habilitación comercial de «Wachitas«, el conocido bar-pool de rock ubicado en el corazón del barrio Nueva Córdoba. La medida administrativa se tomó luego de que el establecimiento quedara bajo la lupa de la Justicia debido a sus vínculos directos con el entorno del crimen de la menor.
La propiedad comercial se encuentra directamente ligada a Soledad Andreani, una de las personas detenidas e imputadas por el delito de encubrimiento agravado en la causa judicial. Andreani es la legítima propietaria del automóvil Ford Ka negro que, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, habría utilizado el principal acusado, Claudio Barrelier, para trasladar y descartar los restos de la adolescente de 14 años en un descampado de la periferia sur de la ciudad.
Desde el Palacio 6 de Julio aclararon que, más allá del impacto del caso policial, la baja definitiva del local responde a un estricto e insostenible historial de faltas administrativas y de seguridad. Las inspecciones municipales labradas entre los años 2024 y 2026 detectaron severas deficiencias de higiene, fallas estructurales en las instalaciones eléctricas, falta de elementos para la prevención de incendios y la realización de modificaciones edilicias no declaradas ni autorizadas sobre el inmueble original.
El cese de la actividad comercial se ejecutó bajo los parámetros de la Ordenanza Nº 13.140, la cual estipula de forma taxativa la caducidad automática de la habilitación para aquel comercio que acumule tres clausuras efectivas dentro de una ventana temporal de 24 meses. La última de estas fajas de clausura preventiva había sido colocada el pasado 2 de junio de 2026 por orden del Juzgado de Faltas Nº 2, dando inicio al expediente administrativo que selló el destino del bar.
Tras la notificación oficial de la resolución, las autoridades locales precisaron que los encargados y el personal del establecimiento únicamente tendrán permitido el ingreso excepcional al inmueble con el objetivo de retirar mobiliario, mercadería perecedera y realizar las adecuaciones civiles pertinentes exigidas por los propietarios de la estructura.
